(La comunidad política 3/3)

Las dos catequesis anteriores han hablado del poder político: de su origen, de su finalidad y de sus límites. Esta tercera parte de una convicción que completa el cuadro: el Estado no abarca toda la realidad social. Hay espacios de vida, de libertad y de iniciativa que le son anteriores y que él debe respetar, proteger y nunca absorber.

El primero de esos espacios es la sociedad civil. El Compendio afirma con claridad que «la comunidad política está esencialmente al servicio de la sociedad civil y, en último análisis, de las personas y de los grupos que la componen» (n. 418). La sociedad civil no es un apéndice del Estado: es ese tejido vivo de asociaciones, grupos de voluntarios, movimientos y organizaciones que actúan con autonomía propia, motivados no por el poder ni por el lucro sino por la solidaridad y el bien común. Cuando los ciudadanos se organizan para ayudar a los más necesitados, para defender sus derechos o para cultivar la cultura, están ejerciendo una ciudadanía activa que enriquece la democracia desde adentro. El principio que regula esta relación es el de subsidiaridad: el Estado debe intervenir para orientar y apoyar, nunca para suplantar lo que la sociedad civil puede hacer por sí misma.

El segundo espacio es el de la libertad religiosa. El Concilio Vaticano II la proclamó como un derecho humano fundamental: «La dignidad de la persona y la naturaleza misma de la búsqueda de Dios exigen para todos los hombres la inmunidad frente a cualquier coacción en el campo religioso» (Dignitatis Humanae, n. 2). Este derecho no es solo individual: las comunidades religiosas tienen derecho a existir, a celebrar su culto, a educar a sus miembros y a actuar en la sociedad. Donde el Estado viola ese derecho, atenta contra algo que es anterior a él y que ninguna legislación puede suprimir legítimamente.

En este marco se entiende también la relación entre la Iglesia y la comunidad política. El Concilio fue preciso: «La comunidad política y la Iglesia son independientes y autónomas, cada una en su propio terreno» (Gaudium et Spes, n. 76). La Iglesia no tiene preferencia por ningún partido ni por ninguna forma institucional concreta. Pero sí reivindica con firmeza su libertad: libertad para enseñar, para evangelizar, para celebrar, para ejercer la caridad y para pronunciar su juicio moral cuando están en juego los derechos fundamentales de la persona. Esa autonomía no es separación hostil: es el fundamento de una colaboración fecunda, porque tanto la Iglesia como el Estado sirven, aunque a título diverso, a la misma persona humana.

Ser ciudadano y ser cristiano no son dos identidades en conflicto. Son dos dimensiones de una sola vocación: construir, desde el lugar propio y con los medios propios, una sociedad más justa, más libre y verdaderamente fraterna.

Para la reflexión:
¿Cómo la fe que profeso ilumina el modo en que vivo mis responsabilidades a nivel social?